Petro culpa a mafias de Ecuador por el terror en el Valle del Cauca
La crisis de seguridad que azota al suroccidente de Colombia ha escalado a un tenso debate entre el Gobierno Nacional y las autoridades regionales. Tras un violento fin de semana marcado por más de 30 acciones terroristas y hostigamientos armados en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca que dejó como saldo al menos 20 muertos el presidente Gustavo Petro se dirigió al país en su alocución y atribuyó la oleada de terror a una estrategia internacional de sabotaje, mientras los líderes locales exigen respuestas tácticas inmediatas frente al avance de los grupos armados ilegales.
Durante su intervención en cadena nacional, el primer mandatario vinculó la crisis con redes mafiosas transfronterizas. Según Petro, el armamento y los explosivos que están utilizando los frentes disidentes al mando de » alias Marlon» en el suroccidente provienen directamente de Ecuador. “Existe un problema creciente con la junta del narcotráfico”, advirtió el jefe de Estado, asegurando que los recientes ataques no representan una anarquía descontrolada, sino un esfuerzo sistemático por interferir mediante el terror en las próximas elecciones.
«¿Qué es lo que quiere la junta del narcotráfico? Que la extrema derecha gobierne a Colombia, como en el Ecuador», afirmó el presidente. A pesar de la contundencia de las ofensivas armadas en la región, Petro rechazó la percepción de un «caos de seguridad» generalizado, sosteniendo que los indicadores delictivos a nivel nacional son los más favorables desde 1993 y enmarcó la situación como un coletazo del Estado contra las economías ilícitas.
El clamor desde las regiones afectadas
Sin embargo, el parte de tranquilidad que se intenta transmitir desde la Casa de Nariño choca con la dramática realidad en los territorios. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, alzó su voz en representación de los sectores más golpeados por esta arremetida, repudiando la barbarie y exigiendo un compromiso contundente del Ejecutivo.
«No nos rendimos, tenemos que estar unidos contra la delincuencia», expresó la mandataria departamental, visiblemente preocupada por las poblaciones de Jamundí y los corredores limítrofes. Toro hizo un llamado directo al presidente para que escuche el clamor de las autoridades locales: «Necesitamos que se una a este esfuerzo urgente por contener la violencia con acciones y medidas de seguridad concretas». La gobernadora insistió en la necesidad imperativa de mantener una presencia reforzada y permanente de la Fuerza Pública para desarticular las estructuras que aterrorizan a la región.
Mientras el Gobierno central insiste en interpretar la escalada violenta como un complot político-narcotraficante para infundir miedo de cara a las urnas, la población civil y sus mandatarios continúan atrapados en el fuego cruzado, demandando que las alocuciones se conviertan urgentemente en el control efectivo y la pacificación de sus territorios.
