Fontur: Investigan contratación por $125.000 millones en el fin del gobierno Petro
La denuncia que presentó públicamente el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, pone bajo la lupa la gestión saliente de la Fondo Nacional del Turismo (Fontur) que revela graves irregularidades administrativas y fiscales atribuidas a la administración del expresidente Gustavo Petro.
De acuerdo con los hallazgos revelados por el Ministerio, en los tan solo cuatro días previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías se firmaron 148 contratos por un valor superior a los $125.000 millones de pesos. El aspecto más crítico de este volumen de contratación radica en la alarmante concentración del gasto: más de $100.000 millones de pesos fueron comprometidos en un lapso de apenas 48 horas. La revisión interna de la cartera evidenció presuntos incumplimientos sistemáticos de requisitos legales, así como posibles falsedades en documentos oficiales, alteración de fechas y firmas irregulares.
Ante la gravedad de estas anomalías, el Gobierno Nacional radicó formalmente las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación para que determine las responsabilidades penales del caso. De forma complementaria, la información será trasladada a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación con el fin de adelantar las investigaciones en los ámbitos fiscal y disciplinario.
Esta revelación se enmarca en una evaluación integral de las finanzas públicas heredadas del Ejecutivo anterior. Gómez Amín calificó el estado del sector como una crisis fiscal caracterizada no solo por inconsistencias contractuales, sino por un severo deterioro de los indicadores turísticos. Según cifras presentadas por el titular de la cartera, el turismo receptivo durante el periodo de Petro sufrió un colapso reflejado en una caída del 16 % en 2025 y cinco meses consecutivos de descensos durante 2026. Asimismo, el ministro cuestionó los resultados presentados por la administración saliente, señalando la existencia de cifras infladas en los reportes de gestión.
Frente a estas imputaciones, la exministra de Comercio Diana Morales rechazó categóricamente los señalamientos, sosteniendo que los indicadores reportados durante su gestión provienen exclusivamente de fuentes oficiales. Sin embargo, desde la Casa de Nariño se insistió en que la instrucción a todos los funcionarios es reportar cualquier anomalía hallada durante el proceso de empalme.
Si bien corresponderá a los órganos de control y a la justicia determinar si existieron conductas punibles y definir responsabilidades individuales, el caso de Fontur reaviva el debate sobre la transparencia en la contratación estatal y deja una pesada sombra sobre el legado del gobierno de Gustavo Petro en materia turística y administrativa.
